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"Posiblemente" se trate de Franklin Aizalia, agregó la cartera en un comunicado de prensa, en referencia a las versiones de una familia ecuatoriana que lo identificó como su allegado.
Para las autoridades colombianas, sin embargo, el hombre sería Franklin Ponelia Molina, alias 'Lucho', quien junto a otra mujer, Nubia Calderón Trujillo, alias 'Esperanza', serían "miembros activos de las Farc".
Asegurò el Gobierno que el hombre y la mujer eran encargados de "facilitar el desplazamiento e identificación falsa de miembros de esta organización narcoterrorista, en territorio ecuatoriano; información esta que en su momento le fue suministrada mediante documentos fílmicos y testimoniales a las autoridades ecuatorianas".
Añadió que la labor de identificación se logró "en el desarrollo de la operación de inteligencia militar iniciada por integrantes del Ejército de Colombia, en coordinación con autoridades ecuatorianas, en territorio de dicho país y que dio como resultado final la captura de alias' Simón Trinidad', miembro del denominado 'Estado mayor de las Farc', en el mes de enero de 2004".
Durante las exequias del general Gabriel París, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos había manifestado: "Yo le digo al presidente Correa y a las autoridades ecuatorianas, que pongan bien el ojo y no se dejen asaltar en su buena fe por unos delincuentes".
Agregó que las autoridades ecuatorianas deben indagar qué hacían las personas que se encontraban en el campamento de 'Reyes' en el momento del ataque.
Resaltó que el ataque al campamento de las Farc fue legítimo, para defender la democracia del país.
La confirmación de la ciudadanía del hombre muerto en el ataque el 1 de marzo al campamento de las Farc en territorio ecuatoriano donde murió alias Raúl Reyes, deja en tensión las relaciones entre Colombia y Ecuador.
El sábado en la noche, el presidente del vecino país, Rafael Correa, manifestó que si se confirmaba que se trataba de un ciudadano ecuatoriano, se podría agravar la crisis con Colombia.
"No dejaremos ese asesinato en la impunidad", declaró Correa en ese momento y añadió que quedaba a la espera de una confirmación.
En respuesta, la Casa de Nariño recordó que "el campamento de alias "Raúl Reyes" era un sitio de terroristas que actuaban contra el derecho a la seguridad del pueblo colombiano", en respuesta a las declaraciones del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que anunció una nueva lucha diplomática de comprobarse que un ciudadano ecuatoriano había muerto en el ataque.
También manifestó "Su acatamiento total a las decisiones de la Organización de Estados Americanos".
¿Qué viene ahora para la crisis?
Tanto el presidente de Ecuador, Rafael Correa, como el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, expresaron este fin de semana su intención de acudir a la OEA para zanjar las nuevas diferencias surgidas por el ataque al campamento de 'Raúl Reyes'.
El secretario general de ese organismo anunció que esta semana debe llegar a Bogotá la comisión que tiene como tarea "verificar" el cumplimiento de los acuerdos bilaterales.
También viene a acompañar el restablecimiento de las relaciones con Ecuador. Pero no está claro qué tanto podrá hacer, pues el presidente Correa parece no estar dispuesto a restablecer pronto la diplomacia con Colombia.
De acuerdo con María Carmelina Londoño, experta en derecho internacional de la Universidad de La Sabana, un escenario multilateral como ese o la ONU podría mediar para darle una salida política, y no jurídica, al tema.
Para el ex canciller Guillermo Fernández de Soto, lo primero que hay que lograr es que se esclarezcan totalmente los hechos y seguir las recomendaciones que haga la comisión de la OEA, para acompañar el restablecimiento de las relaciones entre ambos países.
Otra cosa opina el ex presidente Ernesto Samper. Según él, con la resolución de la OEA de la semana pasada este asunto se resolvió. Añadió que el anuncio de Correa es solo para el consumo interno de Ecuador, porque el espacio diplomático ya se le agotó.
Otros creen que es necesario esclarecer todos los hechos relacionados con el bombardeo a 'Reyes'. José Miguel Vivanco, delegado para las Américas de Human Rights Watch, cree que es imprescindible determinar con toda claridad lo que pasó, para establecer responsabilidades de acuerdo al DIH.
"¿Qué estaba haciendo el ciudadano ecuatoriano allí, qué sabían las autoridades colombianas en relación a la presencia de civiles antes del ataque y cuándo y en qué circunstancias mataron a esa persona?", se preguntó.
"El gobierno colombiano -añadió- tiene la obligación de distinguir entre civiles y combatientes en sus operaciones militares. Sin embargo, un civil que visita un campamento de las Farc esta asumiendo voluntariamente un riesgo vital debido a que el campamento es un objetivo militar legítimo", dijo.
¿Qué pasa si era un civil o un guerrillero?
Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Penal Internacional de la Haya podrían estudiar el tema.
Si el muerto era un civil. Según María Carmelina Londoño, experta en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, sería un asunto grave, pues "el DIH protege particularmente a los civiles". El tema podría ser llevado a la Corte Internacional de Justicia, aplicando la figura de la protección diplomática, en la que se reclamaría "un daño ilegítimo" de Colombia a un ecuatoriano.
Y de comprobarse que era combatiente, no podría aplicarse la figura de la protección diplomática, pues para usarla se debe corroborar "una conducta correcta de la persona a favor de la que se ejerce la protección", cosa que no ocurriría si el muerto fuera un guerrillero. Según Londoño, incluso en este caso hay un agravante político, porque Colombia incursionó en Ecuador.
